También a mi, como a muchos, me ha causado sorpresa la incitación del presidente Uribe a realizar un juicio de responsabilidades ‘al Estado’, por la penetración de los paramilitares en la política y en el gobierno.
En una sociedad que transcurra dentro de los causes de la normalidad, esto no solo sería una propuesta patriótica sino, además, la cristalización de un anhelo colectivo. Piénsese, no más, en lo que significaría que un presidente como Chirac, le propusiera a su nación la realización de un juicio de responsabilidades al Estado por una eventual penetración de las mafias en la política o en el gobierno franceses. ¡Un día de júbilo nacional! Y así debería ser. Pero no en Colombia, o por lo menos no durante esta etapa de la historia nacional
Nuestra nación -con dolor- se ha debatido, por lo menos desde mediados del siglo pasado, entre agudas crisis que le han significado un debilitamiento moral como nación: la bonanza marimbera, primero; los carteles de la coca y de la amapola, después; y los paramilitares y sus actividades conexas, ahora… Todas ellas han permeado hasta los tuétanos a nuestra sociedad, desde las capas más altas, que terminan beneficiándose; pasando por algunos grupos o gremios de profesionales que conniven, se alegran y se enriquecen con ellas; hasta tocar a los estratos medios y marginados, que reciben su impacto directo y se tornan en los conejillos de Indias de esos nefastos períodos, aportando las prostitutas, los desechables, las mulas, los sicarios, las viudas y los huérfanos.
De su influjo nefasto casi nadie ha escapado en Colombia: no son muchos los que se han resistido a la fuerza arrolladora de las fortunas, de las bacanales, de los sicarios, de los escoltas, de las dádivas y de las armas que complementan la vida de los traquetos, de los marimberos o de los paracos. Ante ello se cae por debilidad o por temor, precisamente por cuenta de un Estado que nunca ha sido capaz de enfrentar con responsabilidad, desde sus orígenes, esos flagelos que tanto daño le han hecho a nuestra sociedad y que han comprometido, para perderlas, a varias generaciones de colombianos. Pero un Estado que hemos erigido entre todos: entre liberales y conservadores, entre senadores y representantes, entre alcaldes y gobernadores, entre concejales y diputados, entre militares y civiles, entre hombres y mujeres, entre funcionarios y empresarios…
Para vender sus fincas, sus casas, sus apartamentos, sus carros, sus diseños, sus obras de arte… no son muchos los que se han resistido a la influencia, la generosidad y la ‘bonhomía’ del traqueto o del paraco. De su trato público o clandestino -las más de las veces- han surgido grandes negocios, jugosas fortunas, encomiables elecciones, compadrazgos y secretos insondables e inescrutables. ¡Qué tal que aparecieran todos los computadores! ¡Los de ahora y los de antes! ¡No quedaría títere con cabeza!
Decir, ahora, que vamos a hacer un juicio de responsabilidades ‘al Estado’ por todo lo que ha significado la presencia ‘paraca’ en la vida nacional, tiene dos connotaciones preocupantes: una, instalar una especie de retrovisor panorámico, permanente y vengativo, orientado hacia todos los lados, para propiciar mayor confusión, polarización y desconcierto. Y la otra -sabida por anticipado-, llegar a la conclusión de que todos los estamentos de la sociedad fueron perneados y que, por lo mismo, todos somos culpables, para que todos terminemos siendo responsables y, ya así, todos debamos ser absueltos en una especie de solidaridad de cuerpo de todos a favor de todos: … Yo te absuelvo… tu me absuelves… Y cuando eso suceda, el común de los ciudadanos seguirá esperando la aplicación de una justicia que nunca llegará. O que, llegando, solo caerá sobre las cabezas de unos pocos: los chivos expiatorios de siempre.
‘El Estado soy yo’, solían decir los monarcas franceses, hasta que llegó la revolución y los encontró culpables de todos los desafueros que vivía la nación. ¡El de turno pagó con su cabeza!
30 de enero de 2007
