¿QUÉ VAMOS A HACER CON LOS TAXISTAS?

POR CARLOS HUMBERTO ISAZA

Cada día más, los taxistas se están convirtiendo en un dolor de cabeza para la comunidad. Parece que el código de tránsito se hubiera expedido para ser cumplido por todos los conductores, con excepción de los taxistas. En la frase ¡yo estoy trabajando! encuentran el argumento para cometer toda suerte de irresponsabilidades: pasarse los semáforos en rojo, circular en contravía, parquearse en sitios prohibidos, cobrar arbitrariamente sus servicios, maltratar a sus clientes, tirarles los carros a los peatones, cerrar las intersecciones, etc. Después de determinada hora de la noche -establecida a su arbitrio-, no respetan ningún semáforo, e incurren en toda suerte de contravías que les permitan llegar más rápido a sus destinos, poniendo en permanente e inminente riesgo la seguridad de cuanto pasajero, peatón o conductor se encuentren en el camino. Si por desgracia otro conductor llega a tener algún percance con uno de ellos, la situación se torna crítica. En instantes, como un enjambre, acuden de todas partes en una solidaridad intimidante, orientada a hacer desistir al agredido, a ponerse de acuerdo en sus versiones para comparecer ante los despachos que conozcan del incidente, a tratar de hacer incurrir en error a la autoridad de tránsito, etc. Por las vías del país circulan cientos de miles de taxis. Desafortunadamente en muchas ocasiones el servicio que prestan se ha convertido en un servicio a riesgo. Es común ver como a mucha gente le da físico temor tomar un taxi en la calle, y se ha vuelto de uso cotidiano pedirle a alguien que tome nota de las placas del taxi abordado, o enviarle a un conocido, desde el teléfono celular, un mensaje de texto con las placas del vehículo. La razón es única: el miedo al taxista. Y es que son muchos los casos conocidos en los que los pasajeros han sido víctimas de atracos por cuenta de taxistas que ensombrecen la labor de un gremio tan necesario y útil para la comunidad, el que se ve empañado por la actitud irresponsable y vandálica de un grupo de ellos, que hace que la sociedad tenga un concepto negativo de su oficio. Las autoridades de tránsito deben adoptar la firme determinación de aplicar con rigor el código de tránsito como consecuencia de las infracciones a sus preceptos, con el fin de prevenir que un gremio tan grande y tan útil se convierta en una amenaza social. A su vez, las empresas que agrupan a los taxistas deben realizar acciones permanentes orientadas a formarlos en el buen comportamiento ciudadano; a enseñarles que su actividad diaria es un servicio público del cual derivan el sustento para sus familias, y a aplicarles un estricto código de comportamiento interno orientado a prevenir sus desafueros. El hecho de invocar que están trabajando, por más que sea cierto, no significa que las demás personas no estén en función de sus responsabilidades cotidianas, o que tal circunstancia les de pié para abusar, atropellar e irrespetar, en la creencia de que para prevenir su conducta no existe ni Dios ni ley. chisaza@yahoo.com 12 de abril de 2005

EL RICO EPULÓN

POR CARLOS HUMBERTO ISAZA

Quien ostenta actualmente la condición del ciudadano más adinerado de Colombia, les está proponiendo a los dirigentes nacionales un pacto en contra de la pobreza, de un país en el que más de la mitad de sus habitantes padecen el rigor de ese flagelo, y en el que millones de niños se acuestan casi todas las noches con hambre, pese a las promesas íntimas de miles -millones, quizá- de padres que en algún momento de sus vidas se hicieron, como lo hiciera Scarlett O'hara, en la célebre obra de Margaret Mitchell, la firme promesa de ‘hacer cualquier cosa’ con tal de no ver a sus familias padecer los rigores de la pobreza.

¿Cuántas veces no habrán pasado por las mentes de millones de colombianos imágenes alucinantes que los involucran con toda suerte de conductas -delictivas, muchas de ellas- que estarían dispuestos a llevar a cabo con el único fin de impedir que sus hijos aguantaran hambre?

La miseria de la mitad de la población es una bomba de tiempo que cada día se va activando hasta hacerse incontenible. En países del hemisferio, como Ecuador, Bolivia y Perú -por citar solo algunos vecinos-, cíclicamente se dan unas especies de desfogues que comienzan con marchas callejeras, mutan hacia paros generales y terminan en derrocamientos de presidentes. Aquí, desde el Bogotazo que sucedió al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán no ha tenido ocurrencia ningún levantamiento de masas que haya tenido la consistencia capaz de someter a riesgo la estabilidad de las instituciones.

Pero no ha sido por falta de motivos. Ha sido más por el temor a la eventual represión, por falta de credibilidad en los dirigentes y por apatía colectiva con quienes desde la clandestinidad se autoproclaman abanderados de las reivindicaciones sociales mientras se ensañan infligiéndole daño a la población, que por falta de razones objetivas capaces de imprimirle a un pueblo sometido al rigor de la pobreza y del hambre, el impulso necesario para reclamar por las vías de hecho los derechos que durante siglos le han sido negados.

Vuelvo a insistir en que mientras el Estado colombiano no cambie sustancialmente la legislación que en la actualidad rige la acumulación de la riqueza, la distribución del ingreso, el acceso a los medios de producción, el ejercicio de actividades especulativas, el gravamen a los patrimonios ociosos, etc., no se habrán empezado a dar los pasos necesarios para la consolidación de una sociedad más justa, en la que, al menos los niños, puedan pasar todas las noches soñando plácidamente, en vez de soportar la pesadilla diaria que les impone el hambre, la desnutrición, la ignorancia y las enfermedades. Mientras haya gente pudriéndose de abandono en las calles, no habremos dado el primer paso.

Vamos a ver en qué consiste el pacto contra la pobreza, que está promoviendo el potentado que llegó a serlo gracias a la generosidad de los gobiernos que le entregaron en bandeja de plata la propiedad de lo bancos que todos los colombianos rescatamos de la crisis mediante el tristemente célebre impuesto del 4 por mil. Bancos a través de los cuales, en forma inmisericorde, mediante la especulación salvaje a través de las igualmente célebres corporaciones de su propiedad, despojó del ahorro de toda la vida y de las viviendas compradas con sudor y sangre, a millones de colombianos.

Habrá que averiguar cual fue el destino del Rico Epulón con las indulgencias que obtuvo por las migajas que dejó caer de su opulenta mesa para saciar el hambre de Lazaro.

chisaza@yahoo.com
17 de mayo de 2005

DE QUIENES NOS CUIDAN… LÍBRANOS SEÑOR

POR CARLOS HUMBERTO ISAZA

Es difícil registrar un día en el que los noticieros impresos o radiodifundidos no den cuenta de la captura de alguna banda de delincuentes conformada con agentes de la seguridad del Estado: policías, soldados, detectives, agentes del Gaula, de la Sijin, de la Dijin, del Das, de la Policía Judicial o Aduanera, etc., haciendo de las suyas.

A las muchas lacras que carcomen nuestra sociedad hay que sumarle que quienes tienen la responsabilidad de prevenir el delito y velar por la seguridad ciudadana, se conviertan en un flagelo adicional que contribuye a agravarle su dolor y su desesperación.

Como si fueran pocos los males que la delincuencia ‘privada’ nos inflige, tenemos que convivir con el secuestro, la extorsión, el atraco, el asesinato, el narcotráfico, el boleteo… de una delincuencia ‘oficial’, que –pagada con recursos del erario– se torna en otra pesadilla más aterradora que la común, como quiera que ella va acompañada del uniforme, la credencial, la autoridad y el arma oficial, con la capacidad de mimetización e intimidación de que puede hacer gala.

En un país en el que todos vivimos bajo constantes y razonables temores ocasionados por las difíciles condiciones de orden público que siempre lo han caracterizado, constituye una desgracia muy grande el tener que someterse a una requisa en una carretera cualquiera de la geografía colombiana. Son miles de preocupaciones las que se cruzan por la mente al ver el famoso letrerito ‘puesto de control’, con las señales de pare, los agentes amenazantes, los pitos, las armas y los conos anaranjados…

Y es que, si así como la mayoría de las veces uno se encuentran con operativos integrados con personal decente y profesional, ¿qué tal que ocurra lo contrario y que uno caiga en el ‘reten equivocado’ y tenga que padecer las consecuencias de esos delincuentes que, pagados con los impuestos que entre todos sufragamos, nos conviertan en objeto de sus fechorías?

Durante todo la vida he oído habla de las campañas que desde las altas esferas del gobierno se adelantan con el propósito de prever, evitar y erradicar el flagelo de la corrupción en los organismos de seguridad del Estado. Desafortunadamente nunca nadie lo ha conseguido. El problema está vivo y en ascenso. De nada han servido los altos comisionados para la policía, los procuradores y los zares anticorrupción. Y tienen que ser muchos los miembros de los organismos de seguridad del Estado vinculados a actividades delictivas, para que con tanta frecuencia caigan por cuenta de sus fechorías.

Se hace imperativo, como una medida adicional a las muchas y fallidas que ha intentado el gobierno, incorporar en la legislación penal una circunstancia agravante de los delitos en virtud de la cual, cuando de la comisión de un ilícito hagan parte agentes encargado de su prevención, la sanción a todos los partícipes sea la más alta contemplada en el estatuto de las penas, sin la posibilidad de conceder beneficios orientados a su temprana redención.

Mientras algo se hace, seguiremos lamentándonos de la desgracia de cuidarnos de quienes tienen la obligación de brindarnos seguridad, protección y tranquilidad.

chisaza@yahoo.com
20 de septiembre de 2005

LA UPAQUIZACIÓN DE LA GASOLINA

CARLOS HUMBERTO ISAZA

En Colombia está haciendo falta un debate serio y responsable sobre los precios de los combustibles derivados de la refinación del pretróleo, y concretamente del precio de la gasolina utilizada como carburante de los vehículos automotores terrestres. Un insumo cuya política de precios afecta seriamente las finanzas de todos los colombianos, y a la que, por razones inexplicables, se le ha postergado durante varios años el debate que amerita. Hoy el galón de gasolina corriente está costando dos dólares y medio en las estaciones de servicio. Un precio escandaloso para nuestra economía. Seguramente habrá muchas voces oficiales dispuestas a ofrecer razones para defender la política de precios adoptada por el gobierno. Algunos dirán que dejaremos de ser autosuficientes en materia de hidrocarburos, que nuestras reservas se están agotando, que la política de exploración y extracción ha sido errática, que los precios del crudo a nivel internacional están por las nubes y demás, pero lo cierto es que las economías familiares no resistirán por mucho tiempo una política de precios de los combustibles como la que se ha adoptado y aplicado durante los últimos años. Por ahí andan algunos con el cuento de que la gasolina motor y el Acpm en Colombia deben tener unos precios similares a los que esos mismos combustibles tienen en los Estados Unidos, por poner un país de referencia. Yo estoy de acuerdo con que así sea, pero cuando los ingresos de los colombianos también estén a la par de los ingresos promedio de los norteamericanos. Lo que suena absurdo es proponer que en Colombia se pretenda establecer un precio por galón de combustible equiparable al de los Estados Unidos, cuando el ingreso percápita de un colombiano apenas si alcanza una veinteava parte del mismo ingreso de un ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. El precio de la gasolina corriente y el del Acpm en un país como el nuestro, en el que la totalidad del transporte de carga y de pasajeros se efectúa en vehículos movidos con hidrocarburos, genera una presión que a la larga terminará siendo incontenible. Pero lo inexplicable es que el Ministerio de Minas y Energía persista en esa política de precios cuando ha informado públicamente a los colombianos, a través de su página de internet, que con base en las reservas y en la producción del país, en el corto plazo (7 años) Colombia no tendrá problemas de pérdida de autosuficiencia en materia de petróleo y que los esfuerzos del gobierno están encaminados a revertir la tendencia decreciente de las reservas de crudo y a atenuar la declinación de la producción. Máxime cuando acaba de anunciar con bombos y platillos el hallazgo de un inmenso pozo y la adopción de una agresiva política exploratoria. Siendo así, fuerza concluir que la verdadera razón de los altísimos precios de los combustibles en Colombia es otra. Y la respuesta la da el mismo ministerio, cuando informa, en el mismo sitio de Internet, que la estructura impositiva a los combustibles es una forma de atender las necesidades fiscales del país. La gasolina debe soportar los siguientes gravámenes fiscales: Iva, impuesto global, estampilla de transporte y sobretasa. Y piénsese que en solo sobretasa para los fiscos locales la gasolina tiene un sobrecosto del 25%. Son pues, los altísimos precios de los combustibles, una de las formas de financiar las multimillonarias regalías que terminan en los bolsillos de alcaldes y concejales, los subsidios que van a parar a las cuentas de los contratistas, los sobrecostos de las obras públicas, las comisiones para los intermediarios de los negocios de armamento y las demás coimas y chanchullos de un estado indolente, alcabalero y voraz. chisaza@yahoo.com 6 de septiembre de 2005

¿CUÁNDO EMPIEZA LA JUSTICIA SOCIAL?

POR CARLOS HUMBERTO ISAZA

El Banco Mundial acaba de publicar un estudio sobre la pobreza universal, en el que Colombia no solo aparece con más de la mitad de su población en condiciones de pobreza, sino también con la mayor concentración de los bienes de capital en unas pocas manos, lo que equivale a la mayor inequidad en la distribución de la riqueza del planeta. Que a esa conclusión haya llegado el Banco Mundial es como que unos genios hayan descubierto el agua tibia. Las dos circunstancias han sido conocidas y corroboradas de tiempo atrás por todos los colombianos, sin que hayamos hecho nada para impedir que sigan acentuándose, y menos aún para ir disminuyéndolas. Cada quien, en forma individual, hace lo que está a su alcance para evitar caer en el extremo de la pobreza, sin que le importen las condiciones de los demás. Y no es para menos, con una amenaza colectiva que crece y se extiende como una bola de nieve, que convierte cada vez en más ricos a los pocos ricos y en más pobres a los muchos pobres, además de la sentencia inapelable de empobrecimiento que recae sobre la clase media, condenada, como está, a engrosar los ejércitos de pobres. Que cada quien trate de defenderse a su manera no es el motivo de preocupación. La verdadera razón de alarma es que pasen décadas sin que el Estado haga nada por revertir esas alarmantes tendencias y que se haga ‘el de la oreja mocha’ frente a la actitud colectiva del ¡sálvese quien pueda! No conozco plan de desarrollo ni posición de partido que haya abordado a fondo, y con sentido de responsabilidad histórica, el problema de la pobreza generalizada y el de la absurda concentración de la riqueza en unas pocas manos, que agobian a los colombianos. Por el contrario, fue el Estado quien en un extravagante caso de abusos de poder en defensa de los intereses de los especuladores y de los parásitos de la economía, patrocinó y facilitó el despojo colectivo de las viviendas de cientos de miles de pequeños propietarios individuales, que nunca fueron objeto de las reparaciones por el daño infligido por el Estado. Estado que –para colmo de males– estableció un impuesto (4 por mil) orientado a redimir a los mismos especuladores, para que hoy hayan vuelto a ser los parásitos que se embolsillan cuatro billones de pesos de utilidades anuales, sin aportarle un ápice a la generación de riqueza nacional y sin la obligación de revertir lo recibido como consecuencia de la solidaridad impuesta por el gobierno a todos los colombianos. Si Colombia no adopta –cuanto antes– una seria legislación orientada a regular las condiciones que rijan la propiedad de los medios de producción, en procura de construir un país de propietarios, de revertir la tendencia actual en materia de concentración de la riqueza y de abolir los indicadores críticos de pobreza que caracterizan a nuestra sociedad, estamos condenados a ser una nación inmersa en un conflicto interno que seguirá siendo el fermento permanente y razonable de descomposición social y de alteración del orden público, que impedirán abordar los caminos ciertos del desarrollo sostenible. chisaza@yahoo.com 20 de diciembre de 2005

UNA SOCIEDAD ENFERMA

POR CARLOS HUMBERTO ISAZA

Tiene que estar muy grave una sociedad como la nuestra para registrar una tasa de homicidios superior –en más de un doscientos por ciento– a la del total del país. De un país que de por sí tiene la más elevada de Latinoamérica, subcontinente que, a su vez, arroja una de las más altas del planeta. O la más alta –quizá–, si descontamos las que tienen ocurrencia en países en conflictos oficialmente declarados. Que esas cifras se originen en una ciudad epicentro de la zona cafetera, reconocida como una región próspera y con un ingreso per-cápita muy superior al del promedio nacional, habla claro de que son otros factores, diferentes del común de la pobreza que embarga al país, los que constituyen las causas principales de tal descomposición. Para nadie es un secreto el grado de tolerancia que nuestra sociedad –y especialmente nuestras autoridades– han tenido con los grupos delincuenciales que durante las últimas décadas echaron sus raíces y sentaron su poderío macabro en el suelo pereirano. Tampoco lo es la responsabilidad de ciertos gobernantes y dirigentes políticos empeñados en generar asentamientos humanos transportados, con el único propósito de consolidar ‘colonias electorales’ a las que solo se les ofrece un espacio físico, carente de las mínimas condiciones de acceso a un ingreso digno; lo que las convierte en objetivos fáciles de los propósitos de los ‘malandros’ que nos tienen sitiados. Adicionalmente, a la par de las ‘persecuciones’ que en otras regiones del país se han adelantado en contra de grupos de delincuencia organizada, se ha registrado el asentamiento consentido –en muchos casos– de esos mismos grupos de indeseables o de sus ramificaciones en nuestra ciudad, convirtiéndola en una especie de ‘suelo de nadie’ que transita, a pasos agigantados, hacia lo que en el pasado hizo Medellín un infierno invivible y que llevó a Cali a pasar de ser la ciudad modelo de desarrollo, de administración y de empuje empresarial, a ser el escenario de toda suerte de desafueros y barbaries. Para nadie es un secreto el estado de acorralamiento en el que se encuentra la gente decente de Pereira, por cuenta de un clan de ‘omnipotentes’ que, amparados en un arma o en un oficio tenebroso, estrechan hasta incomodar a quienes solo aspiran a tener un espacio cómodo y digno para ejercer sus oficios, criar a sus hijos o ejercer sus profesiones bajo el suelo de pereirano. Esa tolerancia con los abusivos que convierten las calles en el epicentro de sus tropelías, los sitios de venta de licor en los ‘parches’ de sus escándalos y de sus juergas, y los espacios de diversión en los escenarios de su poderío, deben tener un razonable tratamiento de autoridad para que las cosas vuelvan a su sitio y la ciudad recupere las características de convivencia de antes. Si las medidas adoptadas recientemente por el gobierno central no contribuyen, radicalmente, a la reversión de la situación que registra la ciudad, podemos estar condenados a una suerte peor que la que han vivido Medellín y Cali. Pues las condiciones de nuestra ciudad la hacen más vulnerable que aquellas a una masiva presencia de indeseables, que no tienen Dios ni ley. chisaza@yahoo.com 31 de enero de 2006

LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN

POR CARLOS HUMBERTO ISAZA

Haga el ensayo: compre una casa por cien millones de pesos y véndala, al cabo de unos años, por doscientos, para que vea la que se le forma con la DIAN. Tiene que pagar más de la tercera parte de los cien millones de la diferencia, entre el precio de venta y el de compra, como ganancia ocasional. En cambio –haciendo uso de las maromas que relata Gerardo Reyes–, adquiera el dominio de una grande empresa y véndala por varios miles de millones de dólares (aunque solo sean siete mil millones de dólares), y verá que no le tiene que pagar ni un peso al Estado. Así es la vida. Por eso el dicho: ‘los ricos también lloran’. Y lloran más que los pobres. Primero lloran para que el Estado les aplique todas las ‘perradas’ que sus asesores tributarios son capaces de concebir –con la anuencia de algunos funcionarios– para no pagar impuestos, o para burlar la legislación tributaria; y lloran, después, de alegría, por saber que sus ganancias salen completamente a salvo de la guillotina de la administración de impuestos. Esas son las cosas que suceden en los cocteles que se anuncian en Cromos o en Semana, o en los aviones privados de los cacaos, o en los apartamentos que se tienen en New York, en Miami o en París –para los amigos–, o en las oportunidades que brindan las financiaciones de casi todas las campañas. Es cuestión de negocios, o de amigos; o de lo que en la calle se llama ‘mano lava mano y juntas se lavan la cara’, que en otras partes se traduce como ‘hoy por ti y mañana por mi’, o como ‘ayúdame que yo te ayudaré’ ¡Y que ayuditas! Ayuditas que sirven, además, para que los que hoy son altos funcionarios del Estado pasen a ser, mañana, los ejecutivos de las grandes empresas privadas. Todo en un carrusel de intercambio de favores que en Colombia sucede delante de las narices de todos, sin pudor y sin reserva. Por eso insisto en la urgencia que tiene Colombia de introducir una rígida legislación sobre el régimen de los patrimonios –incluidas las condiciones para sus transferencias–, para impedir que como suele decirse en el argot callejero, al Estado, cuando los ricos transfieren sus propiedades, solo le toque ver pasar la plata para el banco. chisaza@yahoo.com 21 de febrero de 2006