Antes que las explicaciones que pide Ecuador a Colombia por el incidente relacionado con el ciudadano ecuatoriano muerto en el bombardeo de nuestras Fuerzas Armadas al campamento instalado por las Farc en el norte del vecino país, deberían aflorar las que el gobierno ecuatoriano está en la obligación de ofrecernos, por la presencia de guerrilleros ecuatorianos en las filas de ese grupo ilegal, para llegar a confirmar o a descartar, si por la vía de la tolerancia con ese grupo al margen de la ley, se va a materializar la exportación de las prácticas de las Farc a un significativo número de países de Latinoamérica.
En Colombia no existe duda sobre la presencia permanente de campamentos y dirigentes pertenecientes a las Farc en suelo venezolano y ecuatoriano, con la -al menos- complacencia de sus actuales gobernantes. Tampoco albergamos duda respecto de la ayuda que directa o indirectamente se les brinda a los subversivos de las Farc en esos países. A quienes creen que la ‘tolerancia’ ecuatoriana -para no referirnos a la venezolana, que es peor-, con esa guerrilla es ‘pro bona pacis’, o sea, para garantizar que la guerrilla que ha asolado, por décadas, a la nación colombiana, no vaya a ensañarse contra el pueblo ecuatoriano, vale la pena recordarles que, de ser así, están cultivando la paz que puede pactarse entre los lobos y los corderos, en virtud de la cual la convivencia se mantiene por la resignación de éstos a dejarse devorar por aquellos, sin oponer resistencia.
Que un ecuatoriano abatido en el campamento de Raúl Reyes, sobre el cual las autoridades colombianas, desde hace cuatro o cinco años, habían informado, a través de protocolos internacionales de inteligencia, al gobierno ecuatoriano -aportándole sus prontuarios y las fotografías que daban cuenta de su vinculación con la subversión colombiana-, tal como lo relató con lujo de detalles el general Montoya, a través de los medios de comunicación, y que sobre la calidad de ciudadano ecuatoriano y no de guerrillero reconocido y reseñado, sea el pretexto de las autoridades vecinas para reactivar una crisis internacional que se creía superada en la Cumbre de Río, hace pensar que la obstinación del gobierno del Ecuador por mantener vigente el affaire con Colombia, no se fundamenta en razones de soberanía ni de orgullo patrios, sino en la tolerancia deliberada y en la protección decidida hacia el grupo guerrillero que anega en sangre y en llanto de inocentes nuestro suelo.
Y todo no termina allí. Acaba de aflorar una, al parecer, conexión de las Farc con Costa Rica, originada en una transacción de cerca de medio millón de dólares que las autoridades tratan de esclarecer, para develar los alcances que la metástasis con la que la sanguinaria guerrilla colombiana pretende abarcar buena parte del continente americano, valiéndose de la diplomacia de los petrodólares del Chavismo, que se apuntala en un recalcitrante discurso antinorteamericano, en los devaneos con el gobierno argentino, en la presencia Sandinista en el gobierno nicaragüense y en la insolidaridad del gobierno francés, para el que la suerte de Colombia y el destino de Latinoamérica solo tienen importancia si se da la liberación de Ingrid, a cualquier precio y sin que importen los métodos.
Los pueblos de esos países deben ser conscientes de que les puede pasar que -al final del día- por cuenta de las veleidades de algunos de sus gobernantes actuales, les quede como herencia el flagelo de la guerrilla internacional que algunos de ellos han permitido que siente raíces en sus territorios. Cuando eso les llegue a ocurrir -Dios no quiera-, sabrán contra qué era que luchábamos unidos los colombianos y el mal que les habrán hecho algunos de sus actuales dirigentes.
