POR CARLOS HUMBERTO ISAZA
El Banco Mundial acaba de publicar un estudio sobre la pobreza universal, en el que Colombia no solo aparece con más de la mitad de su población en condiciones de pobreza, sino también con la mayor concentración de los bienes de capital en unas pocas manos, lo que equivale a la mayor inequidad en la distribución de la riqueza del planeta.
Que a esa conclusión haya llegado el Banco Mundial es como que unos genios hayan descubierto el agua tibia. Las dos circunstancias han sido conocidas y corroboradas de tiempo atrás por todos los colombianos, sin que hayamos hecho nada para impedir que sigan acentuándose, y menos aún para ir disminuyéndolas. Cada quien, en forma individual, hace lo que está a su alcance para evitar caer en el extremo de la pobreza, sin que le importen las condiciones de los demás. Y no es para menos, con una amenaza colectiva que crece y se extiende como una bola de nieve, que convierte cada vez en más ricos a los pocos ricos y en más pobres a los muchos pobres, además de la sentencia inapelable de empobrecimiento que recae sobre la clase media, condenada, como está, a engrosar los ejércitos de pobres.
Que cada quien trate de defenderse a su manera no es el motivo de preocupación. La verdadera razón de alarma es que pasen décadas sin que el Estado haga nada por revertir esas alarmantes tendencias y que se haga ‘el de la oreja mocha’ frente a la actitud colectiva del ¡sálvese quien pueda!
No conozco plan de desarrollo ni posición de partido que haya abordado a fondo, y con sentido de responsabilidad histórica, el problema de la pobreza generalizada y el de la absurda concentración de la riqueza en unas pocas manos, que agobian a los colombianos. Por el contrario, fue el Estado quien en un extravagante caso de abusos de poder en defensa de los intereses de los especuladores y de los parásitos de la economía, patrocinó y facilitó el despojo colectivo de las viviendas de cientos de miles de pequeños propietarios individuales, que nunca fueron objeto de las reparaciones por el daño infligido por el Estado.
Estado que –para colmo de males– estableció un impuesto (4 por mil) orientado a redimir a los mismos especuladores, para que hoy hayan vuelto a ser los parásitos que se embolsillan cuatro billones de pesos de utilidades anuales, sin aportarle un ápice a la generación de riqueza nacional y sin la obligación de revertir lo recibido como consecuencia de la solidaridad impuesta por el gobierno a todos los colombianos.
Si Colombia no adopta –cuanto antes– una seria legislación orientada a regular las condiciones que rijan la propiedad de los medios de producción, en procura de construir un país de propietarios, de revertir la tendencia actual en materia de concentración de la riqueza y de abolir los indicadores críticos de pobreza que caracterizan a nuestra sociedad, estamos condenados a ser una nación inmersa en un conflicto interno que seguirá siendo el fermento permanente y razonable de descomposición social y de alteración del orden público, que impedirán abordar los caminos ciertos del desarrollo sostenible.
chisaza@yahoo.com
20 de diciembre de 2005
