POR CARLOS HUMBERTO ISAZA
Tiene que estar muy grave una sociedad como la nuestra para registrar una tasa de homicidios superior –en más de un doscientos por ciento– a la del total del país. De un país que de por sí tiene la más elevada de Latinoamérica, subcontinente que, a su vez, arroja una de las más altas del planeta. O la más alta –quizá–, si descontamos las que tienen ocurrencia en países en conflictos oficialmente declarados.
Que esas cifras se originen en una ciudad epicentro de la zona cafetera, reconocida como una región próspera y con un ingreso per-cápita muy superior al del promedio nacional, habla claro de que son otros factores, diferentes del común de la pobreza que embarga al país, los que constituyen las causas principales de tal descomposición.
Para nadie es un secreto el grado de tolerancia que nuestra sociedad –y especialmente nuestras autoridades– han tenido con los grupos delincuenciales que durante las últimas décadas echaron sus raíces y sentaron su poderío macabro en el suelo pereirano. Tampoco lo es la responsabilidad de ciertos gobernantes y dirigentes políticos empeñados en generar asentamientos humanos transportados, con el único propósito de consolidar ‘colonias electorales’ a las que solo se les ofrece un espacio físico, carente de las mínimas condiciones de acceso a un ingreso digno; lo que las convierte en objetivos fáciles de los propósitos de los ‘malandros’ que nos tienen sitiados.
Adicionalmente, a la par de las ‘persecuciones’ que en otras regiones del país se han adelantado en contra de grupos de delincuencia organizada, se ha registrado el asentamiento consentido –en muchos casos– de esos mismos grupos de indeseables o de sus ramificaciones en nuestra ciudad, convirtiéndola en una especie de ‘suelo de nadie’ que transita, a pasos agigantados, hacia lo que en el pasado hizo Medellín un infierno invivible y que llevó a Cali a pasar de ser la ciudad modelo de desarrollo, de administración y de empuje empresarial, a ser el escenario de toda suerte de desafueros y barbaries.
Para nadie es un secreto el estado de acorralamiento en el que se encuentra la gente decente de Pereira, por cuenta de un clan de ‘omnipotentes’ que, amparados en un arma o en un oficio tenebroso, estrechan hasta incomodar a quienes solo aspiran a tener un espacio cómodo y digno para ejercer sus oficios, criar a sus hijos o ejercer sus profesiones bajo el suelo de pereirano.
Esa tolerancia con los abusivos que convierten las calles en el epicentro de sus tropelías, los sitios de venta de licor en los ‘parches’ de sus escándalos y de sus juergas, y los espacios de diversión en los escenarios de su poderío, deben tener un razonable tratamiento de autoridad para que las cosas vuelvan a su sitio y la ciudad recupere las características de convivencia de antes.
Si las medidas adoptadas recientemente por el gobierno central no contribuyen, radicalmente, a la reversión de la situación que registra la ciudad, podemos estar condenados a una suerte peor que la que han vivido Medellín y Cali. Pues las condiciones de nuestra ciudad la hacen más vulnerable que aquellas a una masiva presencia de indeseables, que no tienen Dios ni ley.
chisaza@yahoo.com
31 de enero de 2006
