POR CARLOS HUMBERTO ISAZA
Es difícil registrar un día en el que los noticieros impresos o radiodifundidos no den cuenta de la captura de alguna banda de delincuentes conformada con agentes de la seguridad del Estado: policías, soldados, detectives, agentes del Gaula, de la Sijin, de la Dijin, del Das, de la Policía Judicial o Aduanera, etc., haciendo de las suyas.
A las muchas lacras que carcomen nuestra sociedad hay que sumarle que quienes tienen la responsabilidad de prevenir el delito y velar por la seguridad ciudadana, se conviertan en un flagelo adicional que contribuye a agravarle su dolor y su desesperación.
Como si fueran pocos los males que la delincuencia ‘privada’ nos inflige, tenemos que convivir con el secuestro, la extorsión, el atraco, el asesinato, el narcotráfico, el boleteo… de una delincuencia ‘oficial’, que –pagada con recursos del erario– se torna en otra pesadilla más aterradora que la común, como quiera que ella va acompañada del uniforme, la credencial, la autoridad y el arma oficial, con la capacidad de mimetización e intimidación de que puede hacer gala.
En un país en el que todos vivimos bajo constantes y razonables temores ocasionados por las difíciles condiciones de orden público que siempre lo han caracterizado, constituye una desgracia muy grande el tener que someterse a una requisa en una carretera cualquiera de la geografía colombiana. Son miles de preocupaciones las que se cruzan por la mente al ver el famoso letrerito ‘puesto de control’, con las señales de pare, los agentes amenazantes, los pitos, las armas y los conos anaranjados…
Y es que, si así como la mayoría de las veces uno se encuentran con operativos integrados con personal decente y profesional, ¿qué tal que ocurra lo contrario y que uno caiga en el ‘reten equivocado’ y tenga que padecer las consecuencias de esos delincuentes que, pagados con los impuestos que entre todos sufragamos, nos conviertan en objeto de sus fechorías?
Durante todo la vida he oído habla de las campañas que desde las altas esferas del gobierno se adelantan con el propósito de prever, evitar y erradicar el flagelo de la corrupción en los organismos de seguridad del Estado. Desafortunadamente nunca nadie lo ha conseguido. El problema está vivo y en ascenso. De nada han servido los altos comisionados para la policía, los procuradores y los zares anticorrupción. Y tienen que ser muchos los miembros de los organismos de seguridad del Estado vinculados a actividades delictivas, para que con tanta frecuencia caigan por cuenta de sus fechorías.
Se hace imperativo, como una medida adicional a las muchas y fallidas que ha intentado el gobierno, incorporar en la legislación penal una circunstancia agravante de los delitos en virtud de la cual, cuando de la comisión de un ilícito hagan parte agentes encargado de su prevención, la sanción a todos los partícipes sea la más alta contemplada en el estatuto de las penas, sin la posibilidad de conceder beneficios orientados a su temprana redención.
Mientras algo se hace, seguiremos lamentándonos de la desgracia de cuidarnos de quienes tienen la obligación de brindarnos seguridad, protección y tranquilidad.
chisaza@yahoo.com
20 de septiembre de 2005
